Como una derrota para los consumidores, califica Stefan Larenas, la ratificación de quitar las facultades normativas y sancionatorias al proyecto de ley.
El Tribunal Constitucional decidió eliminar las facultades normativas y sancionatorias del proyecto de ley que fortalecía al Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC.
El organismo declaró inconstitucionales las nuevas facultades que le entregaba la ley al organismo, como eran la de sancionar y dictar normas. Incluso, cuestionó la facultad que actualmente tiene el Servicio para recibir reclamos de los consumidores. En este sentido, constituye un retroceso en la protección de los derechos de los consumidores.
Al respecto, Stefan Larenas, Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó de decepción frente a la resolución del TC.
“Con esto estamos en el peor de los escenarios para la protección del consumidor, ya que no solo quedamos igual que hace cuatro años, sino que ahora es peor, ya algunas facultades vigentes, como solicitar antecedentes a otros servicios, ahora fueron declaradas inconstitucionales”.
Además, Larenas agregó que “esta decisión es una derrota para los consumidores. Después de tres años de trabajo, donde participamos desde un comienzo, donde los parlamentarios discutieron y llegaron a acuerdos, está decisión del TC lo ubica al nivel de un cuarto poder que puede deshacer lo conseguido en una instancia legislativa. Lamentamos este retroceso”.
En este sentido, el fallo desconoce la realidad económica que subyace a la relación entre consumidores y proveedores. Al eliminar la facultad sancionatoria y de conciliación, y cuestionar la facultad de recibir reclamos, se reduce la protección a los consumidores, y se demuestra desconocimiento respecto de la realidad en materia de consumo y de los costos que enfrentan los consumidores para acceder a la Justicia.
Ahora, se espera desde el Ejecutivo el envío de una ley corta para intentar reponer las facultades que fortalecían al SERNAC.
Finalmente, el Presidente de ODECU concluyó que, “podríamos decir con claridad que de una ley de protección a los consumidores, el TC la transforma en una ley de protección a los proveedores”.
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